Ucayali: Bosques de Producción Permanente obstaculizan titulación comunal
Publicado por Servindi
En entrevista con Servindi, Antonio Collantes, jefe del área de Comunidades Nativas de la DRAU, cuestionó las concesiones forestales a través de los Bosques de Producción Permanente (BPP) y el rol del Serfor. Asimismo, mostró sus observaciones a la Ley 30723, impulsada por el congresista Glider Ushñahua.
Servindi, 21 de febrero, 2018.- Servindi dialogó con Antonio Collantes Zegarra, jefe del área de Comunidades Nativas de la Dirección Regional Agraria de Ucayali (DRAU), sobre la situación de la titulación de los territorios de las comunidades de Ucayali.
El también ingeniero agrónomo sostuvo que una de las principales “tensiones” para el proceso de titulación de las comunidades son las concesiones forestales de los Bosques de Producción Permanente (BPP).
“Muchas de las poblaciones que están dentro de esa gran frontera declarada como BPP son comunidades indígenas (…) Esto se ha convertido en el principal obstáculo para que el Estado alegue que no puede reconocerlas mientras no terminen las concesiones”.
En este sentido, aseveró que la Resolución Ministerial 547-2014 —que precisa que la demarcación y titulación de comunidades nativas no podrá ser suspendida por los BPP— no es acatada.
La norma mencionada faculta al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) a redimensionar el área de la concesión de BPP para excluir el área de las comunidades.
“El Serfor tiene concesiones y programaciones proyectadas a favor de concesionarios forestales. Sigue creyendo que los que mejor van a gestionar el bosque tropical son los empresarios forestales”, sostuvo y esto es un error, observó.
Collantes Zegarra manifestó que la falta de titulación de las comunidades nativas vulnera derechos como la reproducción de identidad y valores culturales. “Si con titulación están expuestas [las comunidades nativas], peor sin titulación”, indicó.
Bloqueo de titulación
El especialista señaló que en la región Ucayali las concesiones forestales bloquearon la titulación de 30 comunidades, afectando la meta de titular 52 comunidades acordada por el Gobierno Regional en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI).
Esta acción exigía por lo menos una queja del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a cargo de la ejecución de la DCI. Según Collantes, el PNUD no “alzo su voz de protesta” por este acto o no se conoce que lo hubiera hecho pesar que pone en riesgo el cumpimiento de las metas de la DCI.
Consultado sobre si esto hubiera ocurrido en el caso del Proyecto Mecanismo Dedicado Especifico (MDE) – SAWETO PERÚ, en el que las organizaciones indígenas participan en el directorio y en la ejecución, Collantes indicó que probablemente no. «Las organizaciones indígenas hubieran protestado» afirmó.
Cabe destacar que el citado proyecto aplica mecanismos más directos de participación indígena, y recibe asistencia técnica y administrativa de la World Wildlife Fund (WWF) que administra los fondos del Banco Mundial.
En contra de “Ley Ushñahua”
Cabe mencionar que Collantes participó en un foro sobre el impacto de la Ley 30723 —denominada “Ley Ushñahua”—, realizado en Pucallpa, Ucayali. Durante su interlocución, cuestionó el actual modelo extractivo en el sector forestal. “¿Qué sentido tiene ampliar esa infraestructura para dar soporte a este modelo?”, enfatizó.
Sugirió que el Estado debería descentralizar los servicios y recursos en las zonas como Purús y Atalaya, ubicadas en Ucayali. Asimismo, aseveró que la construcción de carreteras podría traer graves consecuencias como la minería ilegal y el narcotráfico.
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Vea también la nota en inglés en Servindi
